Diciembre de 2.016                                                                                                              Por: Rodrigo Bernardo Ortega

Dentro del proceso de paz en Colombia hubo un espacio para la recapitulación de los principales acontecimientos que marcaron el conflicto armado con las FARC. Así pues, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas estuvo constituida por un grupo de académicos que desde distintas orientaciones aportaron a la comprensión del fenómeno. Una de las reflexiones más sólidas fue la de profesor Renán Vega Cantor, quien en su texto injerencia de los EEUU, contrainsurgencia y terrorismo de Estado deja en claro bajo una profunda investigación, cómo el Pentágono tuvo una incidencia directa en los procesos políticos colombianos. Influencia que persiste hasta nuestros días.

Según el profesor Vega,  la característica fundamental  de la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido de subordinación estratégica, dependencia absoluta y autonomía restringida que se ha manifestado en diferentes periodos históricos (o fases) y con distintas intensidades (http://www.rebelion.org/docs/195465.pdf), pero cuyo elemento esencial es el beneficio de las clases dominantes en Colombia y la afectación negativa de la mayor parte de la población. El papel permanente de Washington en territorio colombiano no se advierte como una aislada intervención externa, sino como el protagonismo de un actor dentro del conflicto que ha atizado los odios y prolongado la confrontación.

La injerencia de la Casa Blanca se ha manifestado en cuatro grandes periodos. El primero de ellos abarca de 1821 con el nacimiento de la República hasta el final de la Hegemonía Conservadora (1930). Durante esta fase, se produce la separación de Colombia y Panamá con la evidente influencia de Estados Unidos quien a cambio otorgó una indemnización a Bogotá, marcando el inicio de una relación con élites políticas subordinadas. Dentro de este lapso de tiempo también iniciaron la incursión empresas norteamericanas como la United Fruit Company que en 1928 instigó al gobierno colombiano para detener una huelga que produjo la masacre de cientos de campesinos.

La segunda etapa que coincide con la República Liberal (1930-1946), es el periodo en el que comienza la subordinación estratégica, “al aprobarse una legislación petrolera absolutamente favorable al capital extranjero, que beneficia a las empresas estadounidenses asentadas en los territorios de la Concesión Barco (zona de El Catatumbo)” (Vega, 2015, p. 9). De este modo, la influencia de Washington se efectúa en todas los ámbitos: del político  al económico. Además, durante el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) inicia la cooperación militar entre ambas naciones que perdura hasta hoy. Según informes desclasificados del entonces ministerio de Guerra de Estados Unidos, el presidente colombiano dejó sobrevolar a naves estadounidenses sobre suelo nacional para que pudieran tomar fotografías de “puntos estratégicos”. No en vano el Embajador de los Estados Unidos de aquel entonces, Spruille Braden, dijo: “Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a este país (…) Colombia no ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política”.

La tercera etapa comprende desde el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 hasta la misión militar estadounidense de William Yarborough. Esta etapa es llamada por el profesor Vega “la subordinación por invitación”. El contexto en la que se da esta “asistencia” es el objetivo del gobierno de Estados Unidos por evitar la propagación del comunismo en América Latina. De igual manera, “la formación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 es otro hecho clave en la articulación de Latinoamérica con las intereses geoestratégicos, políticos, militares y económicos del imperialismo estadounidense” (Vega, 2015, p. 13). A partir de entonces los gobiernos de la Casa Blanca ejercerán un papel hegemónico sobre la región latinoamericana, apoyando dictaduras militares y propagando la desconfianza entre las distintas naciones.

La participación del batallón Colombia en la guerra de Corea fue otro de los momentos que permitió la injerencia de las fuerzas norteamericanas. En efecto, en 1955 el Ejército fundó la Escuela de Lanceros cuya orientación estratégica (unidades contra-guerrilla) e ideológica (anticomunista) está claramente influenciada por las directrices de Washington. A partir de entonces los gobiernos colombianos hicieron “invitaciones” a los militares estadounidenses para que compartieran sus tácticas de combate en la lucha contra las guerrillas. Esta fue la ocasión perfecta utilizada por el Pentágono para controlar, subordinar y limitar la soberanía de Colombia con la excusa de evitar la propagación del comunismo.

La cuarta etapa la constituye la contrainsurgencia moderna, es decir a partir de los años 60 cuando surgen oficialmente las primeras guerrillas hasta el plan Colombia (1998). El presidente estadounidense John F. Kennedy creó El Grupo Especial que, inspirado en las ideas del académico francés Roger Trinquier, busca contrarrestar la influencia de los grupos comunistas en la región, fundamentalmente en Colombia. Así comienza una larga tradición de injerencia por parte de Estados Unidos en el tratamiento político a las guerrillas.

En febrero de 1962, bajo la dirección del general William Yarborough, las fuerzas norteamericanas visitan a cuatro de las ocho brigadas en el país con el fin de aumentar la cooperación técnica y material en la lucha contra la insurgencia. En efecto, el Plan de Defensa Interno Colombiano fue diseñado por los Estados Unidos y en la historia del país se conocerá como la toma de Marquetalia, es decir la fundación de la guerrilla de las FARC. Esto significa que Washington estuvo detrás del surgimiento de una de los grupos rebeldes más longevos de la historia.

Durante esta época y con luz verde de parte del gobierno colombiano, las fuerzas armadas de Estados Unidos comenzaron una serie de crímenes con el fin de “pacificar” a las regiones en las que todavía se encontraban grupos insurgentes. Por ejemplo, los “comandos localizadores” como se hacían llamar asesinaron a 388 guerrilleros rurales sin derecho a juicio (Vega, 2015, p. 31). En documentos desclasificados se encontraron testimonios de altos mandos militares que invitaban a torturar física y psicológicamente a los guerrilleros como parte de la estrategia contrainsurgente. La asistencia de Estados Unidos también provocó un incremento en las Fuerzas Armadas colombianas que pasaron a contar con 64.000 efectivos en 1969 y que continuaron las directrices de seguridad del país del norte durante la Guerra Fría.

Ahora bien, la excusa perfecta para que Estados Unidos pudiera continuar con su injerencia en Colombia luego de la caída de la Unión Soviética fue la lucha contra las drogas. Así, la CIA, la DEA y demás organismos lograron mantener su esfera de control sobre Colombia con el pretexto de “combatir el delito y la droga”. En este periodo se da lo que el profesor Vega denomina la “subordinación incondicional”. Bajo la presidencia de Andrés Pastrana el país se entrega totalmente a Estados Unidos, siguiendo las directrices del Consenso de Washington, la modernización de las Fuerzas Armadas y la lucha anti-narcóticos. Entre las tácticas empleadas están la fumigación con glifosato financiada completamente por el gobierno norteamericano.

De igual manera, la presencia de efectivos del país extranjero fue notable, en 2003 “se encuentran 4.500 funcionarios estadounidenses y 1.000 soldados operan en una de las estructuras militares de ese país en Colombia. Entre 1999 y 2002 se entrega un millón doscientos mil dólares por día a las Fuerzas Armadas, y en ese mismo período se les dota con 84 helicópteros” (Vega, 2015, p. 39). Toda esta información confirma que la presencia de los Estados Unidos tiene fines estratégicos y de control efectivo sobre el territorio. En la segunda etapa del plan Colombia (2003-2007) se promueve la internacionalización del conflicto, llamando a la insurgencia una amenaza narcoterrorista. Esta perspectiva del conflicto armado hace que Estados Unidos juegue nuevamente un rol protagónico en la influencia sobre las élites dependientes.

La supuesta ayuda del gobierno norteamericano trajo graves consecuencias humanitarias para Colombia. Solamente en 2002 hubo 412.000 desplazados además de múltiples denuncias en contra de los mercenarios estadounidenses que dirigían brutales acciones hacia la población civil. Uno de los ejemplos más recordados es la masacre de Santo Domingo, Arauca (http://www.elespectador.com/tags/masacre-de-santo-domingo) en la que fueron asesinadas 18 personas entre ellas  6 menores de edad. Se logró comprobar la participación de tres soldados norteamericanos: Dan McClintock, Bárbaro Orta y Charles Denny. Eso sin contar los documentos que prueban la relación entre la armada estadounidense y los grupos paramilitares quienes podían disponer de las bases militares tanto del Ejército colombiano como del estadounidense.

Por otra parte, junto a la tendencia de las bases norteamericanas en el mundo, en Colombia también se llevó a cabo el “imperialismo sexual”. Al menos 53 menores de edad fueron abusadas en Melgar y Girardot por mercenarios norteamericanos y otras más fueron obligadas a realizar videos pornográficos. Así mismo, hay indicios suficientes que comprueban la participación de Estados Unidos en el asesinato de líderes sociales y sindicales así como de ejecuciones extrajudiciales. Según las conclusiones del estudio del profesor Vega (2015, p. 54) “Estados Unidos es corresponsable directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los paramilitares, por su patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo de crímenes y por su respaldo a grupos privados de asesinos”. Esto comprueba una vez más que la supuesta ayuda prestada por Washington no es más que un pretexto para mantener su hegemonía en el continente.

Dicho todo esto, es oportuno plantearse algunos cuestionamientos respecto a la presencia de Estados Unidos en Colombia. En efecto, con la firma del segundo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, ¿es necesario seguir contando con la presencia militar de los Estados Unidos? ¿Qué propósito tienen las bases militares una vez finalizadas las hostilidades? ¿Qué tarea cumplirán los militares y mercenarios enviados por Washington cuando inicie la implementación de los términos del acuerdo? Estas preguntas pueden ayudar a desenmascarar la relación entre Colombia y Estados Unidos  que está basada en una dependencia malsana por parte de las élites políticas que han entregado la soberanía del país a cambio de aparente “seguridad”.

Sin embargo, la realidad es bien distinta pues si se realiza un balance de la ayuda recibida por la Casa Blanca, el saldo es negativo. Muertes, prostitución, y el aumento de la violencia han sido las consecuencias de la injerencia de Estados Unidos en Colombia en dos siglos de historia republicana. Colombia cree inocentemente ser un “aliado estratégico” de los Estados Unidos, cuando es tan sólo un vasallo que sigue al pie de la letra los parámetros y condiciones del gigante del norte. Por esa razón, un auténtico ejercicio de soberanía consiste en pedir el desmantelamiento de las bases militares que tanto daño le han hecho al país.

Una  paz auténtica sólo es posible si se alejan los elementos provocadores como en este caso la armada estadounidense que tantos crímenes ha apoyado en suelo colombiano. Es inadmisible continuar apoyando la lucha contra el narcotráfico como la excusa para justificar la presencia norteamericana en Colombia. La paz será una realidad cuando la sociedad colombiana pueda ejercer libre y soberanamente su autonomía, lo que implica que las imposiciones de gobiernos extranjeros se detengan.