¿POR QUÉ EL GIRO A LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA? (PARTE II)

Julio de 2.016                                                                                                                 Por: Rodrigo Bernardo Ortega

La mayoría de las empresas mediáticas en América Latina y el mundo han reproducido con ligereza lo que se ha denominado la “crisis de la izquierda latinoamericana”. Este fenómeno que se explica, aparentemente, por la debacle del movimiento progresista en el continente debido a los reveses sufridos en las elecciones y a los escándalos que han sacudido a los gobiernos, se ha transformado en un lugar común para sepultar décadas de administraciones que se dedicaron a pensar la manera de revertir las condiciones de desigualdad y pobreza. No obstante, la supuesta crisis de la izquierda y el aparente retorno al modelo neoliberal, está altamente sobrevalorada ya que si bien algunos gobiernos progresistas atraviesan periodos complicados, esto no debe generalizarse y mucho menos debe servir como pretexto para desconocer los grandes avances conseguidos por sus administraciones.

En las actuales circunstancias, dos gobiernos de izquierda pasan por momentos delicados. Por una parte, Brasil con el inicio del impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff que puede terminar con su destitución, en un caso que no es del todo claro y que luce más como un ajuste de cuentas y, por otra parte, la situación acaecida en Venezuela donde la oposición ha iniciado una agresiva campaña para destituir al presidente Nicolás Maduro, propuesta que ha recibido eco en diversos sectores como el del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, quien ha llamado a un “golpe democrático” en contra del gobierno venezolano (http://radiomacondo.fm/2016/04/22/uribe-urge-acabar-con-el-gobierno-venezolano-mediante-un-golpe-democratico/), algo que se asemeja más bien a un llamamiento a golpe de Estado e intromisión en asuntos internos.

El caso brasilero inició después de las protestas por parte de un sector de la población que se quejaba de los continuos casos de corrupción, siendo uno de los más emblemáticos el de Petrobras en donde, dicho sea de paso, no se ha podido comprobar que la presidenta investigada haya tenido relación alguna. La iniciativa de juicio político en contra de Dilma Rousseff está llena de irregularidades y oculta intereses específicos por parte de algunos diputados que pretenden ocultar su responsabilidad en casos de corrupción. Así, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue acusado de apropiación indebida de fondos y no recibió el apoyo del Partido de los Trabajadores (colectividad de la presidenta Rousseff), decidió emprender un acto de venganza en contra de la primera mandataria, logrando que la mayoría del poder legislativo brasilero apoyara su decisión.

El problema visible es que Eduardo Cunha es el tercero en la línea de sucesión a la presidencia en caso de que se compruebe la responsabilidad del actual mandatario (y vicepresidente de Rousseff), Michel Temer, en casos de corrupción. De acuerdo con las investigaciones realizadas, Cunha tiene cuentas bancarias en Suiza lo que es difícil de concebir debido a que no tiene negocios privados. Además, existen informes del gobierno que demuestran la cantidad que ha recibido en sobornos y comisiones ilegales, cifras que superan los cinco millones de dólares. Por esta razón, el objetivo del juicio político en contra de Dilma Rousseff es promover la protección de políticos corruptos que, no es sorpresa, respaldan la vuelta del modelo neoliberal a Brasil (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212486). Esto quiere decir que las personas que están detrás del impeachment en contra de la presidenta (en particular Eduardo Cunha) tienen grandes intereses en blindarse jurídica y políticamente de las investigaciones que habían iniciado en su contra.

La realidad es que no son claras las razones por las cuales inició el proceso en contra de Rousseff. Lo cierto es que su inculpación no tiene nada que ver con los casos de corrupción que han salpicado a Brasil en los últimos años, particularmente el asunto de Petrobras. La acusación central contra la mandataria en el Congreso es que violó las normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal de la nación. Sin embargo, esta práctica fue común no sólo en las anteriores presidencias en Brasil, sino que es una acción recurrente en muchos países del mundo y en ninguno de los casos existió un juicio político, por lo que se ha hablado, con razón, de un “golpe de Estado sin fusiles” (http://www.telesurtv.net/news/Juicio-politico-o-golpe-de-Estado-contra-Dilma-Rousseff-20160510-0021.html#). Esta situación comprueba que la primera mandataria de los brasileros es inocente respecto a todas las acusaciones y que su salida del poder tiene claras motivaciones de determinados sectores políticos.

Es tal la inconsistencia del caso que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, negó la existencia de una acusación “bien fundada” en contra de Rousseff, por lo que dijo que es “deshonesto plantearlo en esos términos”  y que no hay indicios claros que justifiquen un juicio político.(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl) Todas estas muestras de inconformismo sumadas a las protestas en respaldo de la presidenta, demuestran las graves irregularidades que se han cometido en el proceso.    

Al respecto cabe mencionar que el sucesor de Dilma Rousseff, Michel Temer tiene importantes acusaciones, nuevamente, por corrupción. De los 22 miembros de su gabinete, 7 están involucrados en los escándalos de Petrobras en donde fue un elemento clave al nombrar dos ejecutivos que fueron acusados de fraude y soborno. Además de lo anterior, de acuerdo con una encuesta realizada, el actual presidente en funciones es altamente impopular, pues sólo tiene el respaldo del 2% de la población (https://www.youtube.com/watch?v=eIkQRxnFRsc). Si bien Dilma Rousseff no supo rodearse bien para el ejercicio del gobierno, la verdad es que no se le pueden endilgar responsabilidades en apropiación ilegal de fondos como sí es el caso del actual mandatario, Michel Temer.

El presidente en funciones representa al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que es la colectividad, por número de diputados y senadores, más grande de Brasil. Este partido decidió respaldar un gobierno de coalición para el segundo mandato de Rousseff, por lo que es necesario aclarar que ambos representan sectores políticos diferentes, lo que implica que a la presidenta investigada no pueda acusársele de corrupción. Según la firma encuestadora DataFolha, el 60% de la población brasilera pide la renuncia del presidente Temer, mientras que el 58% opina que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político (http://www.laopinion.com/2016/05/12/quien-es-michel-temer-presidente-interino-de-brasil/). Esto demuestra que lo ocurrido en Brasil es altamente antidemocrático pues actualmente gobierna un mandatario que es impopular y en ningún caso representa a la población, además de ser señalado de participar abiertamente en casos de corrupción. En 2009, por ejemplo, Temer fue implicado en un escándalo por financiamiento ilegal a cargo de una de las constructoras involucradas en la denominada operación “Lava Jato”.

Además de lo anterior, “WikiLeaks divulgó que Temer mantenía constante comunicación con la Embajada de Estados Unidos en Brasil para intercambiar información clasificada como “sensible” y “solo para uso oficial”” (http://www.telesurtv.net/news/Wikileaks-Michel-Temer-fue-informante-de-la-CIA-20160513-0024.html). Esto comprueba que Washington respalda de manera directa el juicio político en contra de la presidenta democráticamente elegida, ya que la nueva secretaria de Estado adjunta para América Latina se reunirá con el presidente Temer, evidenciando una vez más el compromiso del gobierno estadounidense por desestabilizar la integración de las naciones latinoamericanas.

Lamentablemente el que va  sufrir con todos los escándalos y principalmente con la destitución de la presidenta, va a ser el pueblo brasilero. Después de todas las conquistas sociales fruto de los gobiernos de izquierda, es muy probable que se inicie el desmantelamiento de programas que beneficiaban directamente a la población. Sin darse cuenta, a través de sus representantes, el pueblo de Brasil ha entronado a una clase política corrupta en las figuras de Michel Temer y Eduardo Cunha que no sólo continuarán blindándose de las acusaciones, sino que emprenderán un camino que profundice la influencia de Estados Unidos y el recrudecimiento de las desigualdades en el país más poblado de América Latina.

Por otra parte, el caso venezolano presenta particularidades más agudas debido a la crisis política y social que sacude a la nación Bolivariana, que en todo caso es presentada por los medios internacionales como catastrófica y definitiva, cuando en realidad varias naciones latinoamericanas han pasado por situaciones similares en algún momento de la historia. Es claro que el gobierno del presidente Maduro enfrenta un duro tiempo pero eso no justifica, bajo ninguna circunstancia, un golpe de Estado como lo están promoviendo algunos sectores de la oposición y miembros de partidos de derecha en América Latina.

Exigir un “golpe democrático” como ha fustigado el ex presidente colombiano Álvaro Uribe es desconocer la autoderminación de los pueblos y el reconocimiento de un gobierno elegido por las urnas, y a la vez es iniciar una cruzada por la violencia que desconoce la actitud de diálogo y concertación a la que ha invitado el presidente Maduro. Pedir la destitución del primer mandatario, es desconocer la situación que se vive en Venezuela y es anular otro tipo de soluciones más democráticas e incluyentes.

No obstante, es claro que para el gobierno de los Estados Unidos lo más práctico es la salida del presidente Nicolás Maduro del palacio de Miraflores a través de una estrategia integral que contemple la manipulación mediática e ideológica de la población, haciendo que Estados Unidos sea presentado como el país “liberador”, mientras se pone en marcha un plan de influencia territorial que ha iniciado ya con el sobrevuelo de aviones norteamericanos en Venezuela (http://rnv.gob.ve/fanb-detecto-ingreso-a-espacio-aereo-venezolano-de-aviones-usados-por-eeuu-para-espiar/). Este plan de espionaje busca complementar la desinformación a la que está sometido el pueblo venezolano.

Ahora bien, sin desconocer los problemas que ocurren en Venezuela (que son, sin embargo sobredimensionados por la prensa internacional), la realidad es que existe una suerte de memoria selectiva para categorizar lo que es urgente y lo que no. ¿Qué Estado en el sistema internacional no tiene problemas? Sin lugar a dudas hasta los países considerados como “desarrollados” poseen cuestiones sociales que deben solucionarse, por lo que el caso de Venezuela es uno más dentro de una amplia gama. Empero, para los Estados Unidos y las élites políticas de derecha en América Latina, el problema reside en los supuestos malos manejos de las administraciones de izquierda.

Pero la verdad es que el movimiento progresista en Latinoamérica ha dejado un legado imborrable al ajustar de manera notable los índices de desigualdad y pobreza que habían sido resultado de la aplicación de modelos económicos que sólo beneficiaban al sector privado. ¿Qué decir de los dictadores que fueron abiertamente apoyados por Estados Unidos? El caso de Manuel Antonio Noguera en Panamá, Augusto Pinochet en Chile, Fulgencio Batista en Cuba, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominica, sólo por mencionar algunos ejemplos, evidencian que el gobierno de Estados Unidos  apoya a cruentos dictadores y persigue exclusivamente a aquellas administraciones que, con valentía y poder soberano, deciden contravenir sus principios. Por esa razón, la persecución violenta al gobierno venezolano es el resultado de la aplicación de una política hipócrita y ambivalente que sólo se dirige en contra de determinados gobiernos.

Nuevamente como en el caso de Brasil, el sufrimiento recae sobre la población que es la directamente afectada si llegara a prosperar un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro. En efecto, en los primeros meses se observaría con aparente esperanza un cambio de gobierno pero pasados los años se verá que la política social implementada por los gobiernos de izquierda irá paulatinamente desapareciendo, hecho que generará mayores crisis y profundizará la desigualdad en el continente.