EL NEOINTERVENCIONISMO DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA
Octubre de 2.016 Por: Rodrigo Bernardo Ortega El continente latinoamericano atraviesa por una de las crisis políticas y sociales más agudas de los últimos tiempos. Los distintos recursos empleados por la oposición venezolana para buscar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, y la reciente destitución de la presidenta brasilera, Dilma Rousseff, que se dio en medio de un ambiente enrarecido y poco democrático, deja entrever una de las circunstancias más complejas en el continente, toda vez que los poderes a la sombra nuevamente tienen incidencia en los cursos de la historia latinoamericana. En efecto, el actor que más se beneficia con los acontecimientos recientes es Estados Unidos, pues logra desestabilizar los gobiernos de izquierda que han favorecido las cuestiones sociales por encima de las lógicas del mercado.
La Casa Blanca no está satisfecha con las administraciones que contravengan su postura hegemónica en el continente. Por esa razón, ha empleado una estrategia general para buscar la salida del poder de los mandatarios progresistas a través de distintos artilugios. Por una parte, ha impulsado desde la OEA y la aplicación de la Carta Democrática, una campaña de desprestigio en contra del gobierno de Nicolás Maduro que ha encontrado eco en diferentes sectores de la oposición que, manipulados por la propaganda y la desinformación, han iniciado revueltas en algunas partes del país. De igual manera, utilizando su control fáctico y una estratagema político-jurídica, Estados Unidos logró que el Senado brasilero destituyera por una votación de 61 contra 21 a la actual presidenta. Este hecho marca el fin de una era de gobiernos que se preocupaban por las condiciones de pobreza de millones de brasileros.
Estados Unidos es, sin embargo, un astuto jugador. Sus declaraciones y deseos no son en ocasiones expresados de manera directa sino que su influencia se encuentra a la sombra: en la manipulación de sectores políticos, en la creación de caos, en el respaldo financiero a funcionarios corruptos. En tal sentido, el proceso de impeachment en contra de Dilma Rousseff es un claro ejemplo de golpe de Estado silencioso, orquestado por los servicios secretos de Washington. Como lo recordó el embajador venezolano en República Dominicana, Jesús Uzcátegui Duque: “Eso es lo que está atacando la derecha, la ultraderecha y todas aquellas organizaciones, por no darles el nombre de corporaciones, producto de la pérdida de la hegemonía que durante siglos mantuvieron sobre nuestros países” (http://acento.com.do/2016/politica/8340930-embajador-de-venezuela-acusa-a-eeuu-de-estar-detras-de-destitucion-de-dilma-rousseff/). La realidad es que dado la pérdida del control político y sobre todo de los negocios de las multinacionales norteamericanas, se ha iniciado un plan para barrer con todos los gobiernos progresistas del continente.
De hecho, la victoria en segunda vuelta de la presidente Rousseff en contra del candidato de Estados Unidos, Aécio Neves, despertó toda la intriga y suspicacia por parte de los sectores conservadores que buscaron hasta el último vericueto jurídico para expulsar injustamente de su cargo a la presidenta. Porque es claro que Rousseff no abandona su puesto por corrupción como sí es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (una de las figuras promotoras del impeachment) que fue acusado por apropiación indebida de fondos y de tener numerosas cuentas bancarias en Suiza; o del impopular actual presidente, Michel Tamer que también ha sido relacionado con casos de corrupción.
Dilma Rousseff abandona su cargo por una presunta manipulación del déficit fiscal de 2014, en la cual parecen estar implicados algunos de sus ministros. Aunque Dilma no se ha involucrado en este asunto, si sabemos que esta es una práctica que si no todos, la mayoría de los presidentes en Brasil recurren para evitar un escándalo económico en el país. Sin embargo, esas no fueron las verdaderas razones del juicio político. El proceso fue impulsado y en todo tiempo acompañado por Estados Unidos, después de que se dieran cuenta lo peligroso que resultaba el Partido de los Trabajadores (PT) para la unidad de América Latina. En efecto, la presidenta Rousseff estableció una política exterior respetuosa pero no servil frente a Washington, promoviendo la integración y los acuerdos económicos con Venezuela, Bolivia y Ecuador. El hecho de desafiar la política hegemónica de Estados Unidos, hoy la tiene fuera del poder en Brasil.
En pocas palabras, el propósito del juicio político es que Brasil retorne al modelo neoliberal que había encontrado ciertos tropiezos por la inversión social y la disminución de los índices de pobreza que impulsó la presidenta Rousseff. De igual manera, el impeachment promueve la impunidad y protección de los políticos corruptos en Brasil (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212486). En su retorcida estrategia de “estás conmigo o contra mí”, Estados Unidos ha enviado un nuevo mensaje al mundo que consiste en advertir que todos sus contradictores no podrán ejercer sus gobiernos en paz sino siguen los lineamientos de la Casa Blanca.
Uno de los factores determinantes para que el juicio político se llevara a cabo fue la influencia de los medios de comunicación. De acuerdo a un informe de Reporteros sin fronteras, el 90% de los medios se concentran en sólo 7 familias (https://actualidad.rt.com/actualidad/207214-factores-golpe-brasil-dilma-rousseff), de ahí que toda la información tienda a ser parcial y manipulada. El proceso que terminó con la destitución de la presidenta tiene un manto de sospecha que no termina de convencer a una buena parte de los 53 millones de brasileros que votaron por ella. La influencia del gobierno de Estados Unidos que aunque no fue directa sí es reconocible, agudiza aún más la situación, pues la nueva administración se ha mostrado de acuerdo con los lineamientos de Washington (administración que, dicho sea de paso, ha sido acusada de corrupción).
En esta misma línea, destituida la presidenta Rousseff, el gobierno de los Estados Unidos encontró el camino allanado para disponer de políticos de su confianza y así asegurar el retorno del neoliberalismo al país más grande del continente. Uno de los mayores ejemplos al respecto es el actual canciller José Serra quien ha dicho que la salida del poder de la presidenta era “inevitable” y que las manifestaciones en Brasil actualmente son “muy pequeñas, casi nada”, cuando la realidad es todo lo contrario (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/04/actualidad/1472987539_600866.html). Serra es un hombre de confianza del gobierno norteamericano, estudió en Cornell y trabajó en el Institute for Advanced Studies en Princeton, por lo que su formación está influenciada por los parámetros del libre mercado y el recorte de los beneficios a las personas con menos recursos.
Pero al margen de su orientación ideológica, lo más crítico es que el ministro de exteriores fue acusado por ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, condenados por la causa Lava Jato, de haber recibido 7,5 millones de dólares para su campaña presidencial en 2010 (http://www.infobae.com/noticias/2016/08/07/corrupcion-en-brasil-el-canciller-jose-serra-tambien-fue-implicado-en-la-red-de-sobornos-de-petrobras/). Este soborno comprueba una vez más que la cúpula actual del gobierno brasilero tiene graves problemas de legitimidad, pero a pesar de las fuertes acusaciones (que en buena parte han sido comprobadas), la Casa Blanca se mantiene al margen para evitar la “injerencia en asuntos internos”.
No obstante, la verdad es bien distinta. Estados Unidos está conforme con el papel de Michel Tamer a la cabeza del ejecutivo brasilero, pero sobre todo de su canciller José Serra que ha iniciado una campaña de desprestigio a ciertas naciones latinoamericanas en detrimento de la unidad. En días pasados manifestó que Bolivia y Ecuador podrían aprender a ser países democráticos tomando el ejemplo de Brasil. Ante tales declaraciones, el presidente de Bolivia Evo Morales llamó a consultas a su embajador en Brasil, mientras que Ecuador y Venezuela optaron por romper relaciones (http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0904/noticias.php?id=199113). La respuesta de Serra fue que estos países se “dieron un tiro en el pie”, refiriéndose a la importancia que tiene Brasil en el continente. De igual manera, para el canciller brasilero la presidencia de Venezuela en Mercosur no será posible pues allí existe un “gobierno autoritario” que no refleja el espíritu del bloque económico, por lo que ha respaldado la presidencia del presidente argentino, Mauricio Macri.
La nueva intervención de Estados Unidos se caracteriza por respaldar los golpes de Estado encubiertos so pretexto de “proteger la democracia y sus instituciones”. Sin embargo, si la Casa Blanca tuviera el mismo rasero, debería juzgar al actual gobierno de Brasil por los escándalos de corrupción que han sacudido a sus funcionarios. El hecho de no hacerlo, convierte a Washington en cómplice de corrupción y confirma una vez más que la desintegración del bloque latinoamericano es su principal objetivo político, porque una disputa entre Brasil y las demás naciones del continente que otrora fueron importantes aliados, genera la oportunidad de ejercer control efectivo sobre el territorio (“divide y vencerás”).
La misma estrategia ha sido empleada para el caso venezolano. Estados Unidos ha dispuesto un plan completo para desestabilizar el gobierno del presidente Maduro que incluye por una parte, la aplicación de la Carta Democrática de la OEA promovida por su emisario, el secretario general, Luis Almagro y, por otra, el llamado a un revocatorio que signifique el final de uno de los gobiernos progresistas más importantes en América Latina en los últimos tiempos. Es tal la presión de Washington que el vicepresidente Joe Biden advirtió que no se “deben ignorar las voces del pueblo venezolano” y que “debe haber un referéndum revocatorio antes del final del año” (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/8/oposicion-venezolana-exige-revocatorio). Contrariamente al silencio actual respecto a la situación en Brasil, la Casa Blanca opta por caldear los ánimos en Venezuela, desconociendo los acercamientos entre el gobierno y la oposición, y promoviendo la desintegración antes que el diálogo.
La principal oposición de Venezuela, como lo dijo Diosdado Cabello, es Estados Unidos. Desde allí se han organizado todas las estrategias para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro a través del adoctrinamiento de diferentes diputados venezolanos que han recibido instrucciones precisas sobre las medidas que deben tomarse de cara a generar presión al gobierno de Miraflores. El propósito es atacar la actual administración utilizando todos los recursos posibles: desde la presión institucional de la OEA hasta las manifestaciones callejeras. Todas las instrucciones de la Casa Blanca se basan en desarticular las funciones de los poderes que gobiernan Venezuela y desacreditar los notables avances conseguidos por el proyecto bolivariano.
Al respecto cabe recordar que en abril de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que haría todo lo posible para garantizar la aplicación de la Carta Democrática como efectivamente sucedió. De hecho, según Luis Almagro, el actual estado de la situación es la evaluación de las circunstancias para tomar medidas en torno a la crisis en Venezuela que puede terminar con la expulsión de esta nación de la OEA. Dicha situación demuestra que Washington estaba detrás de todo, incluso antes de que el Secretario General hiciera el anuncio formal de la aplicación.
Todas estas evidencias llevan a confirmar que Estados Unidos tiene un plan neointervencionista basado en impedir la unión de las naciones latinoamericanas. El respaldo a un gobierno brasilero que es, a todas luces, corrupto y que ha promovido el disenso con los demás países del continente, demuestra que Washington no está dispuesto a poner en cuestionamiento su hegemonía. De igual manera, la búsqueda de un nuevo gobierno en Venezuela constata las intenciones de convertir a América Latina en un continente vasallo que no cuestione en lo más mínimo las políticas imperialistas de un gobierno intransigente que busca imponer una única visión del mundo.